Agitar y servir - Piedras en el tejado.

La polvareda que han levantado las palabras del Presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luís Argüello, en la clausura de los cursos de verano de la CEE ha estado presente en multitud de conversaciones de ciudadanos, en los comentarios de redes y en todos los medios de comunicación. Y, salvo en los que están claramente alineados con postulados ultraconservadores, han dejado en mal lugar a la Iglesia Católica Española y no solo a su máximo representante, de lo que se puede inferir el trasluz ideológico de tales declaraciones. Además, aprovechando la oportunidad, sus detractores —normalmente de izquierdas y laicistas— han atacado por todos los flancos sacando a colación, de nuevo, los temas de más debilidad de la institución eclesial.

Aunque aportar ahora mi opinión pueda parecer que es "tirar piedras contra mi tejado" al sumarme a la crítica, ya cansina aunque comprensible, quiero decir que creo que esa intervención ha sido, al menos, enormemente desafortunada. No había ninguna necesidad de ir con todo contra el estado —subliminalmente contra el gobierno— por cuestiones éticas que, en todo caso, son aplicables a toda la sociedad incluida la Iglesia; y, sobre todo, creo que no tiene la fuerza de la razón en lo profundo de los contenidos, aún cuando pueda haber razones para reflexionar sobre algunos de los planteamientos. Las conclusiones a las que llega, o las que se pueden deducir, son de dudosa concordancia con las últimas aportaciones "aperturistas" de los papas y, según  mi modesto entender, con la esencia del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia. Yo, en esta reflexión, solo me quiero detener en lo que se refiere a las palabras sobre ayudas a personas vulnerables. Y quiero "quitar pedruscos del tejado"  que me cubre a mí y a monseñor porque no deben estar ahí, aunque las haya arrojado el propio obispo.

Argüello advierte sobre el peligro de que la administración pública ofrezca subsidios —"paguitas"— buscando domesticar a los ciudadanos y convertirlos en seres pasivos: “ las democracias asistencialistas ofrecen limosnas para comprar al ciudadano y hacerle dependiente del Estado”... Lo dice así, de forma generalizada. El máximo representante de la CEE ha cuestionado el papel del Estado en la asistencia social, argumentando que el Estado, por una parte, delega las ayudas y, por otra, reduce la labor social a una "caridad laica" o simple entrega de "paguitas". Insinúa y teme que el Estado intente acaparar así el ámbito de la caridad asistencial. Tal como lo dice, parece que eso es algo que hasta ahora la Iglesia considera parte fundamental de su misión y la hace acreedora de lo mejor de su reputación en el aspecto social, con carácter casi exclusivo. 

El debate sobre los subsidios y ayudas económicas a las personas vulnerables suele situarse en posiciones extremas.  Por un lado estarían quienes aprueban un asistencialismo ciego; por el otro, quienes ejercen una crítica feroz y generalizada a las ayudas que etiquetan despectivamente estas aportaciones como "paguitas". Si hacemos caso, sin esperar matices, a lo que parece que es el discurso del arzobispo de Valladolid, diríamos que se sitúa en los dos extremos a la vez: el asistencialismo es necesario y bueno si lo hace la Iglesia y las paguitas del Estado son limosnas que compran al ciudadano y lo hacen dependiente. Esta última postura no solo carece de empatía, sino que ignora la compleja realidad de la exclusión social. Sinceramente, no creo que el propio Argüello lo vea así. Pero lo ha expresado cual si fuera un portavoz de ultraderecha que excluye a los desfavorecidos porque son culpables —junto  al gobierno que lo propicia y permite— de llegar a su situación y de mantenerla con tal de no trabajar. Insisto: no puedo creer que ese sea el pensamiento y el sentimiento del representante de la Iglesia. Y, por supuesto, no es lo que veo y compruebo a diario que defendemos en la Iglesia.

Yo en esto no me instalo ni en extremos ni en equidistancia. Cualquiera de los posicionamientos los acepto con condiciones muy claras. Apoyar económicamente a quien tiene penuria o lo ha perdido todo no es un acto de condescendencia, es un imperativo de justicia y solidaridad con los sufrientes. Sin embargo, para que una ayuda dignifique, debe estar diseñada con precisión casi quirúrgica: asistencia en lo urgente o perentorio y, a la vez, acompañamiento en la promoción  del desarrollo personal.

El verdadero desafío radica en ofrecer ayudas sin humillación, sin burocracias asfixiantes ni estigmas, pero también sin crear dependencias crónicas que fomenten la pasividad. El subsidio debe ser un trampolín, nunca una red cómoda que asegure la indolencia o que adormezca la iniciativa. Por ello, la preferencia del sistema debe ser siempre la promoción: por ejemplo, asociar indisolublemente las ayudas económicas a la búsqueda activa de empleo y al seguimiento de itinerarios personalizados de inserción.

Pero es urgente desmontar los bulos que criminalizan al perceptor de cualquier ayuda, presentándolo falsamente como un defraudador sistemático. La realidad es que la inmensa mayoría de quienes están en riesgo de exclusión, o lo están de hecho, desea trabajar. 

Sin embargo, también hay que decir que el Estado debe ser implacable en la verificación, la inspección y el control antifraude, pero no solo con los pobres. Proteger los recursos públicos es la única forma de garantizar la sostenibilidad del sistema y legitimarlo ante la sociedad.

Asimismo, es de justicia reconocer la existencia de "discapacidades sociales" transitorias, temporales e incluso permanentes: situaciones de extrema vulnerabilidad, traumas, falta de red de apoyo o brechas formativas abismales que hacen que la incorporación inmediata al mercado laboral tradicional parezca o sea una utopía. Para estos perfiles, el acompañamiento debe ser sostenido en el tiempo. Una alternativa extraordinaria y humanizadora es la creación de trabajos dignos en favor de la comunidad, gestionados por las administraciones públicas o por entidades de economía social como empresas de inserción laboral, permitiendo que el individuo retorne valor a la sociedad, recupere la autoestima del empleo y active sus competencias.

En definitiva, las ayudas económicas no deben evaluarse solo por cuánta gente las recibe, sino también por cuánta gente logra salir de ellas gracias al apoyo recibido. Dignificar al desfavorecido es atender sus carencias económicas urgentes y, a la vez, hacer cuanto sea posible para rescatarlo de la emergencia material, exigir su corresponsabilidad y estimular su autonomía para que vuelva a ser el dueño de su propio destino.

La Iglesia que yo reconozco y vivo, la de tantos cristianos comprometidos en organizaciones sociales, la que  en España está representada institucionalmente por el presidente de la Conferencia Episcopal, siempre ha estado en la vanguardia de esta doble vía de compromiso —asistencia y promoción— con los más desfavorecidos y celebra que el Estado ponga leyes y ejecute planes y acciones políticas en favor de la plena inserción social de todos. 

No sé si quienes ostentan el poder y quienes aspiran a gobernarnos tienen esas intenciones... Bueno, sí creo que sé. Monseñor debería considerarlo.

Pepe Montes.