Agitar y servir - Justicia por sentido común.

Una reciente encuesta del CIS pone de manifiesto que los españoles no tenemos confianza en nuestro sistema de justicia. Los partidos de derecha y ultraderecha intentan explicar que todo se debe a una campaña del Gobierno y de los partidos de izquierda e independentistas para desprestigiar a los jueces y para camuflar sus corrupciones y demás delitos. Yo, sin embargo, pienso que, precisamente, esas burdas explicaciones son para desprestigiar al Gobierno, para camuflar el más que evidente y permanente intento de golpe blando para derribarlo y que, en efecto, tenemos un grave problema con ciertos jueces, con gran parte de la cúpula judicial y con la intocabilidad con la que el sistema les protege aunque cumplan mal o muy mal su sublime cometido.

Solemos pensar en el poder político como el más visible y dererminante, pero existe un poder más silencioso, más inmediato y con mucha más repercusión directa: el de un juez. Cuando un ciudadano se sienta en el banquillo, el efecto del poder del Estado, tras las intervenciones de defensa y acusaciones, se concreta en la firma de una sola persona. En esa firma radica la capacidad de arrebatar la libertad, destruir reputaciones o desmantelar patrimonios. Si esa firma se estampa desde la imparcialidad, el sistema funciona; pero si se mueve por el sesgo ideológico, la presión política o los intereses de clase, la justicia se transforma en una arbitrariedad donde el ciudadano común lleva las de perder. Y si en lugar de ser un ciudadano común es un personaje relevante de la vida política y, además, la acción judicial se complementa con dudosas investigaciones policiales, titulares mediáticos no verificados o directamente bulos y presiones de grupos, la repercusión sobre el sentido de justicia es indudable. Es obvio que es más complejo que esto que acabo de decir, pero la explicación simplificada me parece esclarecedora como para preocuparse por el devenir democrático si no se corrigen ciertas cosas.

El verdadero peligro no radica solo en la existencia de un mal fallo —después de todo, errar es humano y el sistema prevé instancias superiores de recurso—, sino en la red de seguridad que a veces protege ese error. Cuando el corporativismo judicial se activa para blindar a uno de los suyos, el error se vuelve intocable. El respaldo corporativo —que también puede estar tocado por sesgo ideológico— y la protección entre colegas generan una coraza institucional que convierte las decisiones sesgadas en verdades jurídicas inapelables. Para las víctimas de estos modos arbitrarios, el resultado es una indefensión absoluta: un daño difícilmente reversible que puede no encontrar contrapeso en ninguna otra institución.

Un político corrupto merece y puede ser castigado en las urnas; un gobierno negligente merece y puede ser derrocado por la opinión pública y el voto electoral. Pero un juez ideologizado, atrincherado en su cargo vitalicio o protegido por la inercia de su propia casta, es prácticamente inalcanzable e incluso hay latente una advertencia de que hay que tener cuidado con criticar sus decisiones. 

Cuando la ciudadanía percibe que los tribunales no aplican la ley, sino que la moldean para favorecer agendas de poder, se rompe el pacto social más sagrado. El sistema judicial deja de ser el garante de la convivencia para convertirse en el mayor peligro contra ella, poniendo en riesgo la normalidad democrática ante la omnipotencia de togas sin escrúpulos que no miden a todos con el mismo rasero. Asistimos a excesos judiciales, a dobles varas de medir flagrantes, así como a muy desiguales ritmos: severidad extrema para la disidencia social o política de un signo, y una laxitud asombrosa para los afines.

Parece que esto puede estar sucediendo en nuestro país. No sé desde cuándo. Tal vez desde que la derecha decidió bloquear la obligada renovación del Consejo General del PoderJudicial. Y hoy día la justicia española atraviesa una crisis de credibilidad profunda. Lo que debería ser el pilar más sólido de nuestra democracia despierta hoy una alarmante desconfianza en la ciudadanía, que asiste con estupor a la percepción de un sesgo ideológico escorado hacia posiciones de derecha y ultraderecha en las altas esferas de la judicatura. 

No es una sospecha infundada; el término "lawfare" —la instrumentalización de la justicia para combatir al adversario político— ha dejado de ser teoría para convertirse en una práctica visible. ¿Es que hay conspiración orquestada y compleja o simplemente seguidismo de consignas simples y claras? No sé...

Para que el Estado de derecho funcione, es imperativo exigir una independencia real y, sobre todo, un respeto mutuo y estricto entre los diferentes poderes del Estado. Los poderes ejecutivo y legislativo no pueden interferir en la aplicación de la justicia. Pero el poder judicial tampoco puede actuar como una oposición política no electa ni como el brazo protector de los intereses económicos y fácticos de siempre.

Por todo ello, la democratización de la justicia ya no es una opción, sino una necesidad urgente. Necesitamos mecanismos de acceso y de gobierno judicial más transparentes, plurales y conectados con la realidad civil.

Sin embargo, la crítica severa no debe llevarnos al cinismo destructivo. A pesar de las sombras en la cúpula, la inmensa mayoría de los jueces y magistrados de primera instancia trabajan a diario con honestidad, rigor y vocación de servicio. Necesitamos seguir confiando en la justicia, precisamente porque es la última trinchera de los ciudadanos frente al abuso. Pero para conservar esa confianza, el sistema judicial debe mirarse al espejo, abandonar el sesgo y asumir que su única lealtad se debe a la Constitución y al pueblo del que emana su poder.

Como párrafo final, confieso que no entiendo demasiado de este tema —como me pasa con muchos de los que abordo cuando escribo: ya querría entender bien—, pero me preocupa la realidad social, observo, me informo como puedo, reflexiono, saco conclusiones y, tal vez osadamente, me atrevo a compartir, por si sirve a alguien... ¡Qué  necesaria y sublime es la justicia, si es justa! Y, por qué no, comprensible desde el sentido común.

Pepe Montes.