Tema delicado, pero me mojo.
Algunos han criticado con bastante firmeza e indignación las palabras del Papa León XIV en el Congreso de los Diputados alusivas al aborto, la eutanasia y el matrimonio homosexual, el pasado 8 de junio, durante su visita a España. Muchos dudan o niegan la pertinencia de la presencia del Pontífice en tal foro y se preguntan cómo es que se invita a la sede del Parlamento a un líder religioso que se permite criticar, oponerse, rechazar y atacar las leyes democráticas que ese órgano político legislativo ha aprobado.
Ya expresé en un anterior artículo estar de acuerdo con ese acto. En general me encantó su discurso y, además, creo que las palabras que se le reprochan son, en todo caso, una alusión indirecta o una declaración reiterada y necesaria —puesto que era buen lugar y momento para hablar de dignidad humana— de lo que es ya sobradamente conocido de la doctrina de la Iglesia Católica. Independientemente de que se esté o no de acuerdo, habló con la solemnidad propia de la circunstancia y sin faltar al respeto institucional, cosa que no es precisamente lo que vemos y oímos normalmente.
Esto dijo sobre la dignidad de la vida entre otras cosas: "Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural."... "Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades?"... "¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás?"
Hizo otra alusión León XIV, en relación al modelo de familia, que ha sido también criticada porque confronta con la legislación española, ya que excluye de la consideración de familia a otras formas diferentes del matrimonio heterosexual: "La familia, fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, sigue siendo la célula originaria de la sociedad y el lugar privilegiado para la acogida de la vida".
Nada nuevo en el mensaje. Y también nada de reproches descalificatorios ni de ataques a las decisiones democráticas. ¿Es que puede haber algo que objetar en cuanto a las formas?
Pero el mensaje ha dolido, más por lo que ya se sabía de antemano que por lo que se expresaba en ese momento.
El derecho a la vida es, sin duda, el pilar sobre el que se asienta cualquier edificio de derechos humanos. Carece de sentido hablar de libertad, igualdad o justicia si no se garantiza primero el derecho a la existencia. Por ello, para la inmensa mayoría de la sociedad —y no solo para los católicos—, la defensa de la vida humana posee una validez moral objetiva que se extiende desde su inicio en la concepción hasta su final natural. Esta postura, cimentada a menudo en profundas convicciones filosóficas o espirituales, observa en todas y cada una de las etapas del desarrollo humano una dignidad intrínseca que exige la máxima protección moral y jurídica. Esto es defendido, insisto, por la Iglesia Católica y por la mayor parte de la sociedad en toda su amplitud.
Ahora bien, la aplicación doctrinal inflexible que hace la Iglesia, que vincula a todos sus fieles y pretende que afecte a la sociedad en general de manera inequívoca y radical —por considerar que es ley divina y universal—, es la que colisiona con posiciones más abiertas a la pluralidad de conciencia, que se concretan en leyes que regulan las excepciones y las ampliaciones que no admite la doctrina eclesial en tales temas fundamentales.
Humildemente opino que la Iglesia ya debería tener en cuenta que la sociedad no católica, desde otros conceptos éticos diferenciados de su moral, no acepta estar afectada por esa doctrina. Además, debería reconocer como motivo de permanente búsqueda de la verdad moral, que no todos los fieles se sienten implicados de la misma manera, habida cuenta de que también muchos católicos aceptan que la moral evoluciona y se adapta a los avances de la ciencia y la costumbre y por la verificación de que hay cambios positivos en ciertas renovaciones de criterios en función de un mayor bien individual y común. Dicho desde otro enfoque más empírico: si la sociedad civil, creyente y no creyente, llega a admitir como buena y gratificante, como valor, como progreso y logro, cualquier modificación en las valoraciones éticas —previos los debates sociales necesarios, a veces durísimos y larguisimos—, no cabe duda que se abrirán paso incluso a través de las resistencias doctrinales religiosas o ideológicas. Creo que hace muy bien la Iglesia en participar con los mejores argumentos y experiencias en el debate, pero sabiendo que las sociedades democráticas modernas encajan mal los dogmatismos, ya sean teológicos o ideológicos.
Y, admitámoslo, la grandeza de una democracia madura reside en su capacidad para conciliar lo que algunos tienen por certezas absolutas con la pluralidad de conciencias. Existe un legítimo y respetable gran conjunto de ciudadanos cuyas convicciones morales no están mediatizadas por criterios religiosos, sino por una ética laica y humanista. Para este sector, la vida no es solo un hecho biológico que debe preservarse a toda costa, en todo momento y contra toda consideración de la dignidad propia o de otros, sino un proyecto que cobra sentido a través de la autonomía. Desde esta perspectiva, la defensa de una vida digna incluye, de forma indisoluble, el respeto a las libertades fundamentales y a las decisiones vitales más íntimas. Hago notar que no estoy incluyendo en este sector a personas caprichosas, egoístas o de baja moralidad, aunque ya sabemos que las hay en unos y otros espacios sociales.
En torno a estos temas emergen los conflictos morales más complejos de nuestro tiempo. ¿Cómo legislar cuando chocan la protección de la vida en formación y la autonomía de una mujer para decidir libremente sobre su maternidad, tal vez en situaciones límite? ¿O cuando el imperativo de mantener la existencia y ayudar a vivir colisiona con el deseo de una persona de poner fin a un sufrimiento intolerable mediante el ejercicio del derecho a una muerte digna? ¿O cómo se puede negar el derecho al amor y a la unión homosexual si hemos admitido que no es en absoluto antinatural? Frente a dilemas de tal calibre, la legislación democrática debe ser profundamente ética, pero también desapasionada, libre de presiones ideológicas y de dogmatismos religiosos. El Estado no puede adoptar la moral de un solo grupo como ley universal; su deber es articular un marco de convivencia que proteja el valor de la vida y, al mismo tiempo, no obligue a nadie a actuar o dejar de actuar en contra de su propia conciencia.
Legislar con tolerancia no puede significar relativizar el valor de la vida o de la dignidad humana, sino reconocer con realismo que existen situaciones límite, incluso trágicas, donde no hay una salida perfecta.
En conclusión, proteger la vida como el primero y fundamental de los derechos no pasa por imponer una única visión del mundo, sino por construir leyes que abracen la compasión, respeten la dignidad en todas sus dimensiones y garanticen que cada ciudadano pueda vivir —y morir— fiel a sus más profundas convicciones.
La doctrina moral de la Iglesia Católica no debería perder jamás el marco de referencia de que Dios quiere la mayor felicidad y el menor sufrimiento para los seres humanos —con especial atención a los más débiles— en los planos individual, familiar y comunitario. Las personas, lo primero.¿No es esa la "dignidad de la vida" y "la vida digna" que la moral impele a buscar y conseguir?
Pepe Montes.
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