Numerosas organizaciones indígenas han presentado sus alegaciones, a la vez que se suceden las manifestaciones tanto en Brasilia como en numerosas comunidades a lo largo de todo Brasil.
Tras la aprobación, tal como ha informado la plataforma Laudato si’ Málaga, el pasado 9 de diciembre en el Senado de la propuesta de enmienda a la Constitución PEC48, para incluir el denominado marco temporal de demarcación de tierras indígenas, el día 10 comenzó en el Supremo Tribunal Federal (STF, el equivalente al Tribunal Constitucional español) el juicio a la Ley 14.701/2023, aquella que precisamente daría carta de constitucionalidad al citado marco temporal.
Esta concatenación de fechas no es casual, sino que supone una clara voluntad por parte del Presidente del Senado, Davi Alcolumbre, de influir ilícitamente en la resolución del citado tribunal, habida cuenta además de que en el Senado la PEC48 no ha pasado por la preceptiva comisión de justicia.
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A la contundente nota de la conferencia episcopal brasileña (CNBB) del 8 de diciembre contra esta sinrazón que va contra la misma democracia, se sumó el día 9 un artículo publicado en Le Monde Diplomatique Brasil por el cardenal Steiner, arzobispo de Manaos y presidente del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), organismo de la iglesia brasileña que desde hace años coordina la pastoral y la defensa de los derechos de los pueblos originarios del Brasil. En ella, el prelado desenmascaró sin tapujos las razones de estos movimientos legislativos que pretenden dejar sin derechos constitucionales a los pueblos indígenas: “lo que subyace a esta ley es la idea de satisfacer y garantizar los intereses de los grandes poderes económicos de nuestro país, que devastan la tierra, la envenenan, la destruyen y la saquean para producir mercancías que solo alimentan el mercado mundial, mientras condenan a todos a un futuro sin vida, sin bosques, sin sustento. No puede haber mayor ceguera. La Ley 14.701 debe ser declarada inconstitucional sin reservas. Las leyes injustas deben ser superadas por la ley y la justicia”.
El juicio en el Supremo Tribunal está suponiendo una movilización sin precedentes entre la comunidad indígena y sus aliados. Miembros del CIMI llevan dos días de intensas declaraciones en el Tribunal, al igual que integrantes de diferentes organizaciones y coordinadoras de pueblos indígenas, como la APIP (Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil) o la COIAB (Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña), entre otras. Icónicas están resultando las imágenes de indígenas presentes en la sala de alegaciones, con la Constitución en la mano; o la defensa legal que realizan sus propios abogados. En este sentido, se ha hecho viral el testimonio de Dinamam Tuxá, parlamentario del PSOL (Partido Socialismo y Liberdad), coordinador ejecutivo de la APIB y abogado de la misma. En un relato emocionado, sus alegaciones han partido de su propia historia personal, recordando cómo él mismo es heredero de los errores y violencias perpetrados por el Estado en los años ochenta contra el pueblo Tuxá del que forma parte, y que nunca han sido reconocidos ni reparados.
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A los más de doscientos indígenas presentes en la sala, se suman otros cientos, llegados de todo el país, que siguen las declaraciones a través de pantallas gigantes instaladas en los aledaños del Tribunal, mientras que en todo el país se suceden manifestaciones, vigilias y actos a favor de la Constitución de 1988. Esta movilización busca sensibilizar al Tribunal sobre la protección de sus derechos originarios.
El CIMI ha informado que durante el primer día de juicio estuvo marcado por el papel central de los abogados indígenas, quienes abrieron los alegatos orales defendiendo la inconstitucionalidad de la tesis. Argumentaron que el marco, que limita la demarcación de tierras indígenas a la ocupación comprobada el 5 de octubre de 1988, contradice el derecho original previsto en la Constitución. En sus declaraciones iniciales, los juristas indígenas afirmaron que muchos pueblos no se encontraban en sus territorios en la fecha de 1988 debido a expulsiones forzadas, desalojos promovidos por el Estado y episodios de violencia. Para ellos, utilizar esa fecha como límite legal perpetúa injusticias históricas e imposibilita la finalización de las demarcaciones ya en curso.
Luis Ventura, secretario ejecutivo del CIMI, en conversatorio realizado el día 10 de diciembre con integrantes de la plataforma ecosocial Laudato si’ de Málaga, hizo hincapié en que el cambio legislativo va mucho más allá de dificultar la demarcación y homologación de tierras indígenas. Con la ley de su parte, durante los 37 años de vigencia de la Constitución brasileña, dos tercios de las tierras indígenas siguen sin ser demarcadas ni homologadas. A las trabas burocráticas y la lentitud judicial de los procesos se suman las acciones de los lobbies del agronegocio y las empresas extractivas, que siguen campando con total impunidad en numerosos territorios, con la vista gorda de autoridades y cuerpos policiales, cuando no con su connivencia. Además, resalta que el proceso de violencia e impunidad estructural es lo que más daño y sufrimiento provoca en los pueblos originarios. Se da un ciclo de violencia, impunidad y destrucción sobre cuerpos, casas, territorios… que el cambio legislativo vendría a aumentar significativamente. Mientras los pueblos indígenas se reafirman en que sus territorios no son ni mercancía ni bien de consumo, sino la propia condición para su existencia, los pretendidos cambios legislativos son manifestación de que para el Estado no solo son campo para la disputa política, sin importar las consecuencias sobre las personas, los pueblos y los territorios.
En todo este proceso histórico de luchas se dan signos de esperanza. Signos que, por otra parte, poco o nada tienen que ver con la infantil, desencarnada y aburguesada espera con la que las comunidades cristianas occidentales nos preparamos mayoritariamente para recibir al Salvador del mundo. Como nos comentaba Luis, los pueblos indígenas van a seguir luchando por sus territorios y por la defensa de sus vidas haya o no leyes que les protejan. Durante siglos lo llevan haciendo con una dignidad, una valentía, un coraje y una capacidad de organización social y política que dan veinte mil vueltas a nuestros procesos participativos y comunitarios. La fuerza de los pueblos indígenas está en su saber estar en el mundo, en sus saberes ancestrales que les llevan a estar en comunión con la naturaleza, en sentirse parte de ella, en reconocer su fragilidad y dependencia del resto de seres vivos… y en una organización comunitaria que es verdadera vivencia de que solo nos salvamos juntos.
El grito que se escucha en Brasil desde la COP30, pero ahora con mucha más fuerza y significado, es: “El futuro somos nosotros”. Los pueblos indígenas y sus aliados tienen muy claro que el cambio solo vendrá de abajo, de la articulación de las luchas colectivas y populares en defensa del bien común, de la justicia, de la verdad, de los derechos de los pueblos y de la Casa Común. Este grito constituye una llamada profética a una conversión ecológica que debería interpelar a todas las personas y comunidades cristianas empeñadas en la construcción del Reino de Dios. Sigamos creciendo en radicalidad evangélica, abiertos al Espíritu y de la mano del testimonio valiente de nuestros hermanos los pueblos originarios.
