Estos días, la palabra estupor forma parte de los debates, las tertulias y los comentarios políticos a propósito de un auto judicial que echa leña al fuego de la tensión entre los poderes del Estado. Yo también estoy estupefacto y espero que no estúpido -aunque parece que algunos podrían contar con que fuera así, de acuerdo a lo que suponen que somos los ciudadanos- por el estupor que me provocan ciertas palabras y comportamientos políticos. Alma Ezcurra, -eurodiputada y vicesecretaria de información del PP, por lo que se puede entender que es miembro de la cúpula del partido-, para justificar lo dicho en sede judicial por Miguel Ángel Rodríguez -jefe de gabinete de comunicación de Isabel Díaz Ayuso-, dice que "mentir no es ilegal" ¡Toma ya!. No he oído a ningún representante de tal partido matizar, desmentir, desautorizar, contraponer o negar tal aseveración. Desde otros posicionamientos partidistas sí han confrontado con indignación esas palabras, aunque oyendo a alguno dan ganas de decirle: pues, obra en consecuencia y no mientas más.
La normalización de la mentira descarada y de la creación de bulos ha alcanzado un nivel alarmante, especialmente en el ámbito político. El cinismo se ha elevado a la categoría de estrategia: se miente sin pudor, se niega la evidencia y se difunden relatos falsos diseñados para confundir. Lo más grave es la justificación de esta conducta, porque se argumenta o simplemente se da a entender que, ya que mentir no está tipificado penalmente como delito, es una herramienta lícita de la contienda política.
Cualquier sociedad que pretenda que el bien común, el bienestar y la justicia social no sean solo promesas vacías, sino realidades tangibles, tiene en la verdad y en la transparencia unas exigencias fundamentales. Sin embargo, presenciamos una erosión preocupante de estos valores, una normalización de la mentira que amenaza con desmantelar los fundamentos de la convivencia.
En una democracia, la toma de decisiones, desde la política económica hasta las leyes que rigen nuestros derechos y deberes, presupone un análisis honesto de la realidad. Si la información de partida está pervertida por la mentira, si se construye sobre bulos y falsedades interesadas, el resultado inevitable será también perverso para la ciudadanía. La verdad, en la vida pública, no es un lujo; es una obligación moral y un requisito indispensable para que funcione la gobernanza.
Alegar que la mentira no constituye delito es una falacia contaminante que puede contagiar la vida social. Reducir la ética pública al mero cumplimiento de la ley penal es empobrecer la democracia hasta hacerla inconsistente. Porque la mentira, aunque no sea delito, es un virus que infecta la confianza entre gobernantes y gobernados, bloquea o anula el debate racional y devalúa hasta la inutidad a la democracia.
La política que justifica y valida la mentira intenta construir una realidad paralela donde los hechos son manejables y maleables y lo que importa no es la realidad, sino la percepción provocada. El objetivo no es convencer con argumentos sólidos, sino atraer al electorado mediante la manipulación emocional, el miedo o la indignación artificialmente creada.
Esta estrategia se utiliza, además, para atacar a los adversarios políticos. En lugar de debatir ideas o confrontar programas de gobierno, se recurre al desprestigio personal, a la difamación o al bulo que, una vez lanzado, ya es casi imposible desmentir por completo.
Esta táctica no solo es inmoral, sino profundamente antidemocrática, pues desvía la atención de los verdaderos problemas -la vivienda, el paro, la sanidad o la educación- y reduce la política a una guerra de desgaste.
El contexto de mentira intenta anular la capacidad crítica del ciudadano que vive en un constante estado de duda sobre qué es verdadero y qué es falso, y tiende a refugiarse aceptando sin crítica solo la información que confirma sus propios prejuicios o permaneciendo en la indiferencia y la consiguiente autoexclusión del debate público.
Pero quizás lo más grave sea el mensaje que se proyecta de que la falta de ética ayuda a alcanzar el éxito. Cuando un político que miente de forma descarada no solo no es penalizado electoralmente, sino que incluso triunfa, se envía una señal perversa a la sociedad: que la honestidad es una debilidad y que la manipulación de la realidad es la verdadera clave para llegar o mantenerse en el poder. Esto no solo corrompe la política; corrompe el fundamento moral de la sociedad en su conjunto.
Para reconducir esta situación, es imprescindible que la sociedad civil y los políticos que aún valoran la ética de la verdad y la transparencia -que son muchos, o al menos eso quiero seguir creyendo-, den un paso al frente. El electorado debe penalizar con su voto la mentira. La indignación ante ella no puede ser solo un ejercicio retórico; debe concretarse en un rechazo electoral inequívoco.
Los medios de comunicación tienen el deber ineludible de verificar la información, de contrastar los hechos y de no servir de altavoz, sin el debido escrutinio, de las falsedades difundidas por ciertos políticos. El periodismo no debería ser un mero transmisor de propaganda. Pero esa independencia necesaria está muy, muy, muy en entredicho.
Quienes ocupan puestos de poder, o aspiran a ellos, deben comprender que la verdad debería ser la primera premisa para todo servicio público. El bienestar y la justicia social no se construyen sobre la arena o el fango de las mentiras, sino sobre la honestidad, la veracidad, la transparencia y el rigor.
Si permitimos que la verdad sea un valor desprestigiado, accesorio o innecesario y la mentira una herramienta legítima, habremos renunciado a la posibilidad de construir una sociedad justa. Sin la verdad la democracia va a la deriva hacia la tiranía de la apariencia y el cinismo.
Superemos el estupor continuo de tener que oír y tragar la falacia de estos indecentes que ya vamos conociendo, porque va siendo hora de rechazar que nos traten como estúpidos y de restaurar la ética de la verdad en la vida pública. ¿Es esta una esperanza con fundamento?
Pepe Montes
