No puedo estar contento con algunas de las instituciones que nos representan y afectan, que deberían ser el soporte de la organización y el buen funcionamiento de la comunidad para facilitar el bien común, pero no ejercen de tal modo. Y lo mismo veo que le ocurre a la mayor parte de ciudadanos.
Creo que podemos estar de acuerdo en que la democracia no es solo una forma de gobierno o un conjunto de leyes y estructuras; es, esencialmente, una cultura cívica. Y en el epicentro de esa cultura están, como valores y garantía, el respeto y la lealtad institucionales. Sin embargo, en el bochorno de las batallitas políticas actuales, estos valores parecen haberse devaluado, se menosprecian y son convertidos a menudo en armas arrojadizas o escudos de impunidad. Es necesario revalorizar la esencia de la lealtad democrática, aquella que respeta las instituciones, pero que nunca renuncia ni prohíbe la crítica legítima y veraz. El ejercicio de la crítica leal debe aplicarse a todas las instancias de poder. La ciudadanía, en esto, está para mucho más que solo para acatar sin rechistar, como mera espectadora.
El respeto y la lealtad están muy bien, pero nuestra confianza en las instituciones se pone a prueba y se tambalea con bastante frecuencia cuando, por ejemplo -a continuación voy a citar algunos genéricos y variados-, vemos policías golpeando con desmesurada violencia a unos manifestantes que solo protestan o reclaman justicia; cuando nos enteramos de la criminalidad por variados asuntos dentro del propio Instituto Armado de la Guardia Civil; cuando nos sorprendemos de que miembros de Cuerpos de Seguridad manifiestan, abierta o veladamente, su pertenencia o participación en grupos de extrema y violenta derecha; cuando algunas de las organizaciones sociales renuncian a parte o a todos sus fundamentos y fines esenciales por mantener el alineamiento y los favores de políticos y patrocinadores; cuando vemos los abusos, incoherencias flagrantes y privilegios sociales y económicos dentro de la Iglesia Católica; cuando comprobamos casi a diario que los partidos políticos solo buscan alcanzar o mantener poder, o cuotas en el mismo, derribando al adversario a través de chantajes o presiones pseudopolíticas que nada tienen que ver con la búsqueda del bien común; cuando gran parte de los medios de comunicación y muchos de sus agentes están vendidos al mejor postor aunque ello exija despreciar la verdad y la razón; cuando nuestro sentido común nos dice que jueces y estamentos judiciales prevarican o persiguen arbitrariamente a personas e instituciones por razones políticas, aunque no se pueda demostrar porque eso de la justicia es lugar hermético; cuando comprobamos el grado de violencia verbal, odio dialéctico y perversión parlamentaria por parte de los representantes del pueblo en sus funciones legislativas en cualquiera de los ámbitos; cuando verificamos el incumplimiento de las promesas electorales, la falta de transparencia en las decisiones, y la escasa lucha contra la corrupción y por la regeneración democrática del Gobierno central y de los gobiernos autonómicos; cuando un rey, ahora emérito, impunemente y amparado en una absurda y arcaica inviolabilidad, ha cometido presuntamente diversas clases de inmoralidades públicas y posibles delitos, por los que no parece que pueda siquiera ser acusado, permaneciendo protegido -aunque con cierta distancia- por la Corona que, por otra parte, complacida en este sistema -tan evidentemente poco democrático-, no puede ofrecer garantías de que eso no volverá a ocurrir.
Y, a pesar de todos estos ejemplos, que ni son exhaustivos ni pretenden generalizar diciendo que todo está muy mal, sigo afirmando que sí, que se tambalean, pero que no deberían decaer, ni el respeto ni la lealtad a las Instituciones.
Seguidamente debo matizar y clarificarme yo mismo en estos conceptos porque, como digo, la confianza que ofrecen las instituciones no da para mucho y, sin embargo, hay que agarrarse a lo que significan y debe permanecer seguro, sólido, firme y defendible a pesar de todo, por sentido democrático.
La lealtad institucional la considero necesaria desde cuatro enfoques posibles: uno, la lealtad que se deben a sí mismas las instituciones; dos, la que se deben las instituciones entre sí; tres, la que le deben las instituciones a la ciudadanía; y cuatro, la que le debemos todos los ciudadanos a las instituciones. Las cuatro son igualmente necesarias y no solo la última como algunos parecen creer y exigir.
La lealtad institucional no es una veneración ciega a los cargos o a las personas que los ostentan, sino a la satisfacción de los intereses generales y al avance en justicia social. El primer paso para recuperar el sentido de esta lealtad es trazar una línea clara entre lo que es la institución y lo que es la persona que la representa o forma parte de ella. El respeto que se debe a la institución no se puede traducir automáticamente en respeto incondicional y acrítico a la actuación de las personas. La lealtad institucional democrática no solo admite la crítica; la exige. La crítica es el mecanismo de control democrático.
El problema surge cuando la línea se difumina y la lealtad se pervierte. Los corporativismos de protección pretenden asimilar lo que puede ser una crítica necesaria, razonable y justa a la persona en un inaceptable ataque a la institución. Esto es una trampa. En efecto, en algunos casos, se ataca a la persona para dañar a la institución. Pero lo que es más común y no se debe permitir es que el paraguas institucional tape la negligencia, la corrupción o el abuso de poder de un individuo. Peor aún es la generación de impunidades protegidas. Cuando una institución -ya sea religiosa, sindical, un partido político, un órgano judicial o una fuerza de seguridad- cierra filas automáticamente para defender a un miembro acusado de malas prácticas, pretende convertir al individuo en un sujeto "intocable" y así salvaguardar la buena imagen de "la casa". Esta práctica mina la credibilidad institucional y debilita la confianza ciudadana en los organismos políticos y sociales que, teóricamente, están para servirnos. Así, si la institución no obra con lealtad a sí misma ni a la ciudadanía, no es un garante del bien común, sino un refugio de privilegios, cinismo y desigualdad sistémicos.
Por otra parte, es evidente y triste que las batallas ideológicas y políticas han escalado hasta convertirse en una contienda de deslealtades entre las propias instituciones. Uno de los ejemplos más claros lo tenemos en el choque entre el Gobierno central y los gobiernos autonómicos que se convierte a menudo en una oposición sin tregua, donde la lealtad sucumbe ante el tacticismo electoral y los poderes democráticos se extralimitan para obstaculizarse entre sí. Así todos perdemos.
En definitiva, la lealtad institucional democrática no debería ser un cheque en blanco, sino un amplio acuerdo social que emana de la búsqueda del bien común y la justicia y que se sostiene en la ejemplaridad de los representantes de las distintas instituciones y en el cumplimiento de la ley. Exige a las autoridades, representantes y políticos un respeto profundo por las reglas del juego en cada caso, a la vez que nos debe garantizar a los ciudadanos la libertad de disentir y criticar a quienes, en el ejercicio del poder, traicionan el espíritu de las leyes y normas de convivencia. Solo así, con el respeto y la lealtad como cimientos y la crítica como control de buenas prácticas, la democracia se mantiene fuerte y la buena convivencia permitirá el verdadero desarrollo humano.
A algunas autoridades y representantes institucionales que hablan tanto de lealtad les diría: menos exigirla y más practicarla, que de cínicos vamos sobrados.
Pepe Montes.
