Desde que el pasado 3 de enero las Fuerzas Armadas de Estados Unidos bombardearon algunos enclaves militares y gubernamentales en Venezuela y secuestraron al Presidente Nicolás Maduro, no dejo de preguntarme qué pensarán los ciudadanos estadounidenses de esto y de otras muchas cosas concurrentes, que a mí, y supongo que a más de medio mundo, nos parecen una atrocidad.
Prácticamente, desde el comienzo de la era Trump, más reciente en los tiempos previos al agresivo episodio violento en Venezuela y especialmente en los días posteriores hasta hoy, estamos observando con estupor, con preocupación e indignación, aunque no es el caso de todos los observadores, cómo la administración de Donald Trump ignora deliberadamente el derecho internacional, recupera para la actualidad estrategias imperialistas colonialistas y utiliza la amenaza del uso de la fuerza como táctica "diplomática". Sin embargo, este fenómeno no se explica solo por la voluntad de un hombre. Eso sería un error de diagnóstico peligroso. El poder que Trump ejerce ha necesitado un sistema estructural previo, no emana del vacío, sino de la elección, el consiguiente mandato y el sostenimiento, aunque haya disminuido notablemente su aprobación popular, de una mayoría de la ciudadanía norteamericana —o más correctamente, estadounidense—.
En una democracia —EE.UU aparenta serlo hasta el punto de presentarse como modelo—, el gobierno es un reflejo de su electorado. El argumento de que las "tropelías" internacionales son responsabilidad exclusiva de la Casa Blanca parece ignorar que están avaladas por la legitimidad política de ganar una elecciones. Trump llegó al poder y se mantiene en el mismo gracias a una base social que ha validado el nacionalismo unilateral y hegemónico bajo el lema de "America First", América primero.
Este enfoque no es solo una estrategia económica; es una confrontación prepotente contra el orden liberal internacional. Al retirarse de tratados climáticos, asfixiar organismos multilaterales de comercio, ningunear las organizaciones internacionales o amenazar con intervenciones militares directas en el "patio trasero" latinoamericano, la administración Trump está rompiendo el pacto de convivencia global. Pero cada una de estas acciones ha sido jaleada o, al menos, tolerada por millones de ciudadanos que priorizan una supuesta hegemonía inmediata, por la fuerza, sobre el entendimiento pacífico entre pueblos y naciones y, en definitiva, sobre la estabilidad global a largo plazo.
La inmensa fuerza armamentista de Estados Unidos le otorga una capacidad destructiva sin parangón. Y desde que esto es así, lo ha utilizado para obtener ventajas en el marco de las relaciones internacionales, materializando injusticias que los débiles han debido acatar. No obstante, la historia nos enseña que el intervencionismo y el desprecio por el derecho ajeno terminan por corromper la propia casa. La erosión de las normas internacionales precede inevitablemente a la degradación de la convivencia interna. El proteccionismo y las guerras arancelarias no solo desestabilizan mercados ajenos, sino que encarecen la vida del propio estadounidense.
Pero una nación que se percibe por las demás como una amenaza constante, se granjea la desconfianza, el desprecio y la enemistad y deja a su ciudadanía aislada en un mundo cada vez más ensamblado por otros valores. Ante ese aislamiento se tambalearían entonces los peligrosos delirios imperalistas. Pero esto puede ser a muy largo plazo si el propio pueblo no reacciona con un cambio de proyecto posicional en el escenario internacional y un replanteo de expectativas que se trasladarían desde la hegemonía por la fuerza hacia el liderazgo por el verdadero desarrollo humano sostenible. Eso sería deseable, es posible y, a mí parecer, debe formar parte de la mejor hoja de ruta para que el trumpismo fracase y todos nos reconduzcamos hacía un orden justo en este mundo.
Creo que para frenar el avance de estas políticas agresivas, no basta con lamentos mediante prudentes y sopesadas palabras, ni con la condena externa o el pataleo diplomático. Reconociendo que el mundo no puede "arreglar" a Estados Unidos desde fuera sin arriesgarse a un conflicto de proporciones catastróficas, hay que considerar que la solución debe ser interna. La llave de la estabilidad global reside en gran medida en el voto y la movilización de la ciudadanía norteamericana —estadoubidense—.
¿Es posible que una población sensata y con valores democráticos esté conforme con tales desmanes? Si bien los índices de aprobación de Trump han sufrido caídas, el sistema se sostiene gracias a un silencio cómplice o a una polarización que impide la rendición de cuentas. ¿Y quién podrá cambiar este estado de opinión y compromiso cuando el sistema de poder ha operado para que este individuo, carente de cultura del bien común y de la paz, fuera reelegido a pesar de sus flagrantes inmoralidades y delitos?
Es imperativo que el pueblo estadounidense comprenda que sostener a un líder que ignora el derecho internacional es, en última instancia, una forma de suicidio democrático. Allí, como en cualquier parte del mundo democrático, la responsabilidad no termina en las urnas, se extiende a la exigencia diaria de que su gobierno actúe dentro de los márgenes de la ley y el respeto a la soberanía de los demás.
El pueblo estadounidense está decidiendo si desea ser recordado como la generación que permitió el retorno al imperialismo más opresor del siglo XIX, aplicando la paleolítica ley del más fuerte, o como la ciudadanía que, en momentos de crisis como la actual, decidió que su "grandeza" no podía construirse sobre el derrumbe provocado del orden internacional. La responsabilidad es suya, como siempre en mayor o menor medida es del pueblo. Lo mismo podríamos decir de los pueblos ruso, chino, británico, francés, español,..., responsables también de las actuaciones de sus gobernantes; porque el poder, en teoría, todavía emana del pueblo, aunque, ciertamente, algunos lo tienen bastante más difícil que los estadounidenses a la hora de hacerlo valer.
